Esto sí que es para repudiar

Marcelo Guagliardo, Ex Secretario General de ATEN

Este jueves comenzó en Neuquén el juicio oral contra Marcelo Guagliardo y Daniel Huth - ex dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén - imputados por el corte del puente que une esa ciudad con la ciudad rionegrina de Cipoletti, durante el año 2010.

La audiencia, en la que expusieron sus alegatos el Ministerio Público Fiscal y los compañeros docentes, se realizó en el marco de una intensa jornada de lucha de los trabajadores neuquinos, fue presenciada por los dirigentes nacionales de la CTERA y la CTA. El juez Villanueva a cargo de la causa dará a conocer su veredicto el próximo miércoles 26.

Este es el mensaje que nos hizo llegar el Compañero Marcelo Guagliardo:

Esta es mi declaración, en nombre de todos y todas, en la audiencia del día 20 de septiembre de 2012. La comparto.

Sr. Juez:

Hoy los trabajadores de la educación de Neuquén, junto a los trabajadores nucleados en la CTA Neuquén, con el acompañamiento de representantes docentes de toda la argentina a través de CTERA, docentes de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Chubut; de compañeros Ceramistas, de delegados de los Subterraneos de la Capital Federal, de la CTA de Río Negro, con representaciones de Organismos de Derechos Humanos, Partidos Políticos y organizaciones sociales, volvemos a protagonizar un hecho de altísimo valor ético, político y social.

La masividad de la presencia en las calles de trabajadores para acompañar con su presencia en cuerpo y alma este Juicio, da cuenta del carácter colectivo que tiene esta injusta imputación.

Es por ello, que como he reiterado ante cada consulta en medios periodísticos, no siento esto como algo personal, sino como la consecuencia necesaria de haber tenido el honor de representar a los Trabajadores de la Educación de Neuquén y su larga historia de lucha en defensa de la Educación Pública y los derechos de los trabajadores.

Esa representación se ejerce a partir de la decisión orgánica surgida del debate horizontal en cada una de las asambleas y finalmente trasladada al Plenario de Secretarios Generales para su síntesis, resolución y posterior cumplimiento.

Me presento ante Uds. como verán con mi guardapolvo, que no es más que nuestra vestimenta habitual (en el caso de los maestros y maestras). La de todos los días. Como el overol de un obrero o la chaqueta de un médico. Obvio es decir que tiene una intencionalidad. Pretendo que Ud. señor Juez pueda tener frente a sí, no un exdirigente sindical, sino un modo de entender la docencia. Nuestras asambleas estaban llenas de estos guardapolvos blancos, algunos de colores también. Esos mismos guardapolvos que reciben a los chicos el primer día de clases, esos que les acompañan en su niñez para que se formen como personas criticas, responsables y solidarias; esos que los cuidan en cada momento; esos que sufren cuando algo les pasa; esos que organizan viajes para que ellos tengan la oportunidad de disfrutar momentos inolvidables; esos que se preocupan por que no aprenden y esos a los que también les duele profundamente no tenerlos en las escuelas cuando hay que ir a la huelga.

Pero ¿Quién genera las condiciones para una protesta? ¿Queda otra alternativa a la huelga, cuando se cierran todos los caminos? ¿Queda otra alternativa a la protesta, en el lugar que sea, cuando nadie escucha; cuando los poderes del Estado están ausentes? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de garantizar los derechos que establecen nuestras Constituciones? ¿Se puede intentar garantizar unos derechos sobre el avasallamiento de otros? ¿O todos los derechos son de goce simultáneo y en igualdad de condiciones?
Son todas preguntas de respuesta abierta en ciertos momentos.

El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, han sido materia de lucha. En nuestra provincia, desde el advenimiento de la democracia, muy cortos fueron los períodos en los que desde el Estado planificó para garantizar derechos. Desde los 90, hasta el primer decenio de este nuevo siglo, los derechos hubo que defenderlos, y en ocasiones recuperarlos, en las calles y también en las rutas.

Hacer visible el reclamo es el objetivo de toda protesta social. Cuando se pasa el tiempo de las notas, de los petitorios, de las reuniones inocuas, de las dilaciones, se llega al tiempo en el que hay que luchar de otra manera.

El hecho que es motivo de esta convocatoria, se produce, luego de más de 25 días de huelga, de paralización del Sistema Educativo, un año en el que habíamos empezado las clases como muestra de nuestra voluntad de resolver en una mesa de negociación y no afectar el dictado de clases. Desde el mes de febrero mantuvimos reuniones con los representantes del gobierno pero ellos tenían la orden de dilatar, de ganar tiempo y obviamente de no discutir de buena fe, ninguna propuesta que atienda el reclamo que se estaba haciendo. Finalmente tuvo que intervenir el Obispado, para que el gobierno retomara las negociaciones que había suspendido unilateralmente. ¿Qué pedíamos? Una recomposición salarial que estuviera en sintonía con la discutida a nivel nacional, donde ya se habían resuelto todos los conflictos docentes.

En este contexto, el gobierno demostró su falta de voluntad para evitar el conflicto y luego resolverlo oportunamente.

Paradójicamente, esta denuncia proviene de personal de la policía provincial. Y esto amerita también un análisis: Cuando prevalece la mirada represiva del conflicto social desde quienes poseen el control del aparato estatal, la institución policial puede ser utilizada para cumplir varias funciones en un conflicto. Tenemos antecedentes, que más allá de salvar las tremendas diferencias que tienen, en particular con éste último, poseen en común la intervención policial en la Zona Liberada, Plaza Huincul Marzo del 2006; Asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba en Arroyito, Abril 2007; y esta última.

De los tres hechos mencionados, atienda su Señoría, que el único que llega a Juicio Oral y Público en calidad de responsables políticos si se quiere, es este. El único argumento que tenían los policías para imputarnos el presunto delito era nuestra calidad de representantes: por que nos conocían de los medios; por que nos vieron hablar con los medios; por que nos vieron hablar desde el improvisado palco. De ello pudo deducirse una imputación penal que HOY es materia de investigación.

Mientras tanto, la causa por la Zona Liberada de Plazo Huincul, cuya participación directa fue reconocida públicamente por el ex gobernador Jorge Omar Sobisch , aún esta en trámite, luego de casi 6 años. La Causa Fuentealba denominada II, en la que deben investigarse las responsabilidades de quienes ordenaron, planificaron, supervisaron y condujeron ese operativo criminal, -que incluye entre otros también, al exgobernador-, por el que fue condenado a Prisión Perpetua un Sargento de la fuerza, se encuentra a la fecha, en estado reservado, para usar un término médico.

Aquí permítame Sr. Juez expresarle que la Institución Judicial toda esta en deuda no sólo con la familia de nuestro compañero asesinado, sino con la sociedad argentina en su conjunto, que se conmovió por este incompresible y brutal hecho. Todos aún esperamos una respuesta, que alivie el dolor y haga creíble el principio tantas veces aludido de igualdad ante la Ley.

Hoy la Justicia, tendrá que resolver y la observa atentamente toda la sociedad. Seguramente, haya sectores minoritarios que esperen ansiosamente una condena ejemplificadora. Tal vez, los mismos que validan las protestas cuando estas defienden sus intereses o los que llamaron a la represión en Arroyito con la consecuencia por todos conocida. Pero otro sector, mayoritario sin lugar a dudas, espera JUSTICIA.

Sr. Juez, no puede haber delito en la protesta.

Si la única solución al conflicto social es su judicialización, estamos ante el fracaso de la política y las instituciones. Semejante vulneración al Derecho a la Protesta Social, a peticionar ante las autoridades, no es otra cosa que condenar la lucha por la dignidad; es condenar el simple pero maravilloso hecho de querer vivir.

Espero que esta audiencia sea otro llamado de atención a la clase política gobernante, acerca de su obligación de garantizar de manera responsable, soluciones adecuadas y pacíficas AL CONFLICTO SOCIAL; se trata del resguardo de Derechos que han sido elevados a la categoría de Fundamentales y constitutivos del concepto de dignidad humana; así, el derecho a la salud, a la educación, a la igualdad de oportunidades, a un ambiente sano, a la vivienda, a la tierra, al trabajo, a la vida.
Para finalizar, quiero expresar que las estrategias que tenga como objetivo desactivar la protesta social; desestabilizar internamente las organizaciones de los trabajadores, quebrar su voluntad de lucha; generar hechos que desalienten la participación política, como un modo de disciplinar, controlar y paralizar cualquier forma de organización que persiga la defensa de los derechos ya aludidos, SON TODOS CAMINOS ERRADOS. LA DEMOCRACIA que enseñamos en nuestras escuelas ES LA QUE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN, LA QUE FAVORECE LA ORGANIZACIÓN, LA RESPETA Y LA RECONOCE COMO SUJETO SOCIAL.

El reclamo social no debe ser reprimido, ni judicializado, debe resolverse atendiendo los reclamos y garantizando los derechos que todos y todas, tenemos como ciudadanos.

En El seno de esta democracia que tanto nos constó recuperar como pueblo, seguiremos luchando y participando. Nuestra dignidad no se negocia, no se condena, ni se judicializa. Nuestra dignidad fue, es y será invencible.