Seis años de impunidad, seis años de lucha por la justicia. Transcurridos seis años de la desaparición de Jorge Julio López la investigación judicial no ha logrado establecer pistas firmes acerca de lo que sucedió. Seguimos sin saber quiénes fueron los responsables. Quiénes los instigadores. Y quiénes los que encubrieron o formaron parte de un entramado de complicidades y torpezas que podrían explicar el fracaso de la investigación.
¿Dónde está López? ¿Quiénes se lo llevaron? ¿Qué pasó con él?
Preguntas como estas resonaban en espacios reducidos de los grupos resistentes a la dictadura, hasta que poco a poco fueron tomando estado público. Eran otros tiempos, donde la palabra estaba cercenada, la calle sitiada, la protesta prohibida, la justicia silenciada o cómplice. Sin embargo, la fuerza de la demanda y luego, en tiempos de democracia, la voluntad política de responderlas llevaron al esclarecimiento de la verdad y también, en gran medida, a la sanción de los responsables.
Que la Justicia no haya logrado el esclarecimiento, o al menos un avance significativo en la investigación, tiene graves implicancias y constituye un enorme retroceso político e institucional. Es necesario recoger las señales. En una sociedad que ha logrado avances tan significativos en la sanción penal a los responsables de los delitos de lesa humanidad, es inadmisible esta falta de respuestas. ¿Qué falta aún por hacer? ¿Qué trama siniestra de poder une los hechos del pasado con nuestro presente? ¿En qué medida los mecanismos que garantizaron antes la impunidad siguen siendo eficaces para producir las impunidades de hoy?
La desaparición forzada de Jorge Julio López en sus intencionalidades se pueden leer en diversos sentidos, las principales a nuestro entender se ligan a dañar la credibilidad de los juicios a los genocidas, instalar la idea de la ingobernabilidad que producía llevarlos adelante, y que la democracia ni el Estado podía proteger a las víctimas y testigos. En los diversos poderes del estado sus acciones estuvieron marcadas por el conflicto, entre las tendencias de avance y compromiso, y las deserciones y complicidades.
A pesar de ello nuestro pueblo logró que los juicios siguieran avanzando, entre ellos el Juicio del Circuito Camps donde aparece claro el papel de la policía bonaerense como parte del terrorismo de Estado. A pesar de su ausencia física, tampoco pudieron acallar su voz, pues allí pudo estar de nuevo Julio López, dando testimonio, aportando prueba, a través de su declaración fílmica, construyendo verdad y justicia.
El proceso abierto y sostenido de los Juicios de lesa humanidad son una derrota histórica de los desaparecedores, pero ello no debe ocultar lo que falta, ni que evite develar las continuidades dentro de la policía bonaerense de las marcas y conformaciones de la dictadura militar. Como también que se ha subestimado el poder de los núcleos remanentes del terrorismo de estado, insertos en el propio Estado o en sus aledaños.
Sin justicia y mientras continúe la impunidad, el significado inscripto en la desaparición de López, prolonga y potencia su efecto sobre el conjunto de la sociedad argentina y nos enfrenta a la peor de sus consecuencias: naturalizar su ausencia, convivir con otra desaparición impune.
La impunidad erosiona la confianza de la sociedad en las instituciones del estado y debilita la democracia. Al no haber sanción por la desaparición de López, se incumple con la función esencial del aparato jurídico estatal impactando la estructura subjetiva de la sociedad. La impunidad no es solo ausencia de castigo penal, moral o histórico. Es un acto de violencia directa. No es solo un efecto de la violencia mediado por una omisión, sino un acto en sí de carácter violento, en tanto acto y como comportamiento. No es solo un dejar hacer o dejar pasar, sino un acto racional y deliberado que constituye en sí mismo una violación de los derechos humanos.
Desde la profunda convicción de aportar a la construcción de una sociedad democrática donde la producción del miedo no sea más un mecanismo para imponer el control social y torcer la voluntad de caminar hacia una sociedad más justa, exigimos una vez más a los todos los poderes del estado tanto provincial como nacional que se arbitren las medidas necesarias que hagan posible saber qué pasó con Jorge Julio López y quiénes son los responsables de su desaparición.
En esta nueva conmemoración es imprescindible que el poder político, en sus múltiples expresiones institucionales y a lo ancho y largo del país, se pronuncie con contundencia y exprese la voluntad de no naturalizar su desaparición.
El silencio, si es cómplice, conduce al olvido. Y el olvido, como acto de impunidad e intento de negar el crimen, a su segura repetición.
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