Testigo desaparecido

La abogada de Víctor Martínez aseguró que el testigo apareció confundido y bajo los efectos de alguna droga Gabriela Scopel, abogada de Víctor Martínez, aseguró que el testigo en la causa por la muerte en 1977 del obispo Carlos Ponce de León que apareció anoche luego de desconocerse su paradero desde el lunes, estuvo "encerrado en una habitación y le daban de tomar pastillas". En diálogo con Télam, la letrada consignó que Martínez "apareció anoche, gracias a Dios con vida, bajo los efectos de ansiolíticos o de alguna droga que le impedía caminar correctamente porque le afectaba el equilibrio". "Estaba muy confundido y balbuceante", señaló Scopel, quien detalló que, en ese contexto, lo único que el testigo pudo relatar fue que "lo tuvieron en una habitación, que lo trataron bien, que no le pegaron, que le daban de tomar pastillas y que le decían qué tenía que decir". Según precisó la abogada, Víctor Martínez apareció anoche "en la avenida Rivadavia y Acoyte", en el barrio porteño de Caballito, y desde allí se comunicó telefónicamente con su esposa. Luego, indicó la abogada, "alguien tuvo la gentileza de dejarlo en la comisaría 11", ubicada en la avenida Diaz Vélez al 4600, y posteriormente fue traslado al Hospital Durand, donde "le hicieron los análisis de rutina". "Seguramente los análisis de sangre determinarán qué sustancia le fue suministrada", sostuvo Scopel, quien también consignó que Martínez apareció sin los anteojos que utilizaba en forma permanente. Por otro lado, la letrada indicó que el testigo, de quien se desconocía el paradero desde el lunes a la tarde, descansaba esta mañana junto a su familia en su casa del barrio porteño de Palermo. La noticia de la aparición de Martínez fue dada a conocer esta madrugada a través de las redes sociales de Twitter y Facebook por la ministra de Defensa, Nilda Garré: "Confirmo, apareció Víctor Oscar Martínez. Médico legista evaluará su estado. Más info, por la madrugada", dijo pasada la 1. Martínez, de 52 años, había sido visto por última vez el lunes a las 14, cuando salió de su casa hacia una escribanía a la que nunca llegó, según denunció la familia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que todas las fuerzas de seguridad trabajaran para localizarlo, según informó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, en una conferencia de prensa en la que distribuyó una fotografía del testigo y pidió colaboración de la población. Garré, por su parte, había ordenado la creación de una división especial integrada por la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos para investigar la desaparición y habilitó una línea telefónica especial para recibir información. El obispo de San Nicolás Ponce de León murió en circunstancias sospechosas en un supuesto accidente automovilístico el 11 de julio de 1977, en plena dictadura, cerca de la ciudad bonaerense de Ramallo. En la causa que investiga esa muerte, Martínez declaró como testigo y el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, procesado en varias causas de desaparición forzada de personas.   Víctor Martínez, testigo en la causa en la que se investiga la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, asesinado durante la dictadura en un accidente simulado, se encuentra desaparecido desde el lunes. Así lo denunciaron sus familiares, que presentaron un hábeas corpus. En el pedido de intervención a la Justicia advirtieron que Martínez había tenido años atrás amenazas de muerte. A las dos de la tarde del lunes salió de su casa, en la ciudad de Buenos Aires, para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a la que nunca llegó. “Tenía después un turno con su terapeuta a las 17.30 y tampoco fue. Estamos preocupados”, relató anoche la abogada Gabriela Scopel. Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro. La letrada agregó que en los hospitales de la ciudad, tanto como en el SAME y en la Policía Federal dijeron no tener rastros de él. Martínez era el único acompañante de Ponce de León cuando el 11 de julio de 1977 el obispo sufrió el accidente que le causó la muerte. Tenía entonces 19 años –hoy tiene 52– y estaba haciendo el servicio militar en la Prefectura Naval, donde estuvo secuestrado después del accidente. Como obispo de la diócesis de San Nicolás, Ponce de León había acompañado a los trabajadores de Villa Constitución perseguidos por el terrorismo de Estado e intercedió por varios desaparecidos. Su muerte conmocionó a la zona por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, que había ocurrido un año antes. La investigación del asesinato fue reabierta luego de la anulación de las leyes de impunidad, pero se topó con continuos obstáculos en su avance. El principal investigado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe de la represión en la zona, hoy procesado (pero en libertad) en numerosas causas de desaparición de personas. En el año 2008, el fiscal federal Juan Patricio Murray tuvo un fuerte cruce con el juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, cuando tras enterarse de que el cadáver del obispo había sido sacado de su tumba en la Catedral, pidió un análisis de ADN para certificar que el cuerpo dentro del ataúd no hubiera sido suplantado, pero se topó con una orden del juez suspendiendo la exhumación. Martínez declaró en el expediente y fue acusado por falso testimonio y procesado. Por esto, inició una querella contra Villafuerte Ruzo. “A fines de diciembre presentamos una demanda por persecución religiosa contra el juez, en enero hicimos una presentación de juicio político en el Consejo de la Magistratura y el 24 de marzo, en el acto en la Plaza de Mayo, hubo un grupo que colgó una bandera con la consigna ‘juicio político al juez Villafuerte Ruzo’”, reseñó la abogada Scopel. El hábeas corpus fue presentado “en atención a las causas penales que lo tienen como víctima, testigo, denunciante y querellante”, que son “eminentemente procesos en los que se investigan violaciones a los derechos humanos”. El testigo estaba recibiendo atención psicológica por estrés post traumático, después de la reapertura de las causas de San Nicolás. Sus familiares contaron que sufre de alta presión, pero controlada con medicamentos, y que también suele usar bastón por problemas en su columna. Por las amenazas de muerte que recibió fue abierta una investigación en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, aunque el expediente fue cerrado el año pasado por falta de pruebas.

FeTERA en CTA Quilmes